El lunes pasado (28), el programa "CQC" de Band difundió una entrevista al diputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), donde destiló comentarios racistas, homofóbicos y xenófobos. La postura oscurantista del parlamentario ya era conocida por los grupos activistas de derechos humanos, pero esta vez sus opiniones ganaron protagonismo nacional.
Acostumbrado a hacer declaraciones a diestro y siniestro y no ser castigado por ello, el diputado ahora corre el riesgo de ser acusado por la Cámara. Sus declaraciones causaron indignación no sólo entre la clase política, sino también entre los artistas, quienes se solidarizaron con la cantante Preta Gil. En el mismo programa, el cantante fue llamado "promiscuo" por Bolsonaro, quien comentó que su hijo no corría "riesgo" de salir con una mujer negra.
Además de la declaración racista, también hubo declaraciones en las que defendió la tortura como una forma de educar a su hijo, diciendo que "los niños con mala educación son los que se vuelven homosexuales". Tantas tonterías llevaron a un grupo de 19 diputados a iniciar un movimiento para castigar al parlamentario: algunos hablan de revocar su mandato, pero muchos dudan de que eso suceda. También hay una petición pública pidiendo que se destituya al parlamentario.
Quien lidera la lucha por el impeachment es la diputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS), quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. D'Ávila declaró que presentará, este miércoles (30), una moción de repudio al diputado y también elevará una denuncia al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República por la comisión de un delito racista.
Ante tales hechos, Bolsonaro ya da señales de retroceso y declaró que acudirá solo al Consejo de Ética para explicar sus dichos. Típico de quien tiene la culpa en el registro civil. Pero la actitud del diputado no convenció a nadie. Además del Frente Parlamentario que trabajará por su impeachment, la Asociación de Abogados de Brasil (OAB) también emitió un comunicado repudiando las declaraciones de Bolsonaro. Según el presidente de la OAB-RJ, Wadih Damous, las opiniones del diputado no coinciden con las del Parlamento brasileño.
La OAB ya declaró que enviará una reclamación a Asuntos Internos de la Cámara de Diputados por incumplimiento del decoro parlamentario. ¿Y dónde terminarán todas estas acciones? ¿Tendremos un diputado impugnado por delitos de racismo y homofobia? Si la Cámara lo hace, asumirá una postura progresista que ha marcado la pauta para el Gobierno Federal y para innumerables mandatos en el Congreso. Ahora, si no lo destituimos, asumirá su carácter racista, homofóbico y regresivo.
El caso Bolsonaro también revela la urgencia de aprobar el PLC 122, que pretende convertir la homofobia en un delito en todo Brasil. Por ahora, al diputado sólo se le puede imputar el delito de racismo. Pero la diputada Manuela D'Ávila ya ha advertido que "el delito de racismo no es sólo contra los negros, sino también contra los homosexuales". Esperemos que se tomen medidas y Bolsonaro desaparezca de una vez por todas del escenario político nacional.
