En Estados Unidos, la criminalización del VIH arroja una sombra desafortunada sobre la historia multifacética de la respuesta nacional al VIH y el SIDA. Durante el estallido inicial de la epidemia, que se remonta a la agitación de los años 80 y 90, se promulgaron leyes y estatutos de sentencia en rápida respuesta al clima de miedo e incertidumbre que se cernía sobre la nación.
Las leyes de penalización del VIH se basan fundamentalmente en el miedo y la inseguridad, lo que refleja el pánico moral suscitado por la enfermedad en un período en el que los conocimientos científicos eran escasos y la información errónea abundaba. La idea detrás de estas legislaciones era clasificar a las personas que viven con VIH como amenazas a la salud pública, validando el proceso de rendición de cuentas y castigo.
Aunque actualmente la medicina cuenta con herramientas más eficientes para controlar el VIH (un ejemplo es el tratamiento antirretroviral que, si se toma correctamente, puede reducir la carga viral a niveles indetectables, por lo que ya no es transmisible), las leyes que penalizan el VIH todavía están vivas en los libros de leyes de 34 North. Estados americanos.
Estos estatutos legales suelen penalizar conductas específicas de personas que saben que tienen VIH. Esto puede variar desde no revelar su estado serológico respecto del VIH a sus parejas sexuales hasta donar sangre. Las penas por estos delitos varían, desde inspección y supervisión hasta penas de prisión severas.
Este desafortunado aspecto de la legislación en los Estados Unidos no ha hecho más que aumentar la estigmatización y la discriminación contra las personas que viven con el VIH. Además, crea obstáculos adicionales para estas personas, disuadiéndolas de hacerse la prueba del VIH y recibir los tratamientos necesarios por temor a repercusiones legales.
Sin embargo, se están produciendo cambios radicales. En 2020, en el estado de Washington, se revisó una ley de larga data sobre la criminalización del VIH para reflejar la ciencia actual sobre el VIH y reducir el estigma asociado con el virus. Así, permitió a los imputados presentar pruebas ante el tribunal para demostrar que estaban recibiendo tratamiento para el VIH en el momento del presunto delito.
Si bien el VIH sigue siendo un importante problema de salud pública en los Estados Unidos, es esencial implementar leyes más contemporáneas para abordar este problema que no sólo reconozcan el progreso de la medicina y la ciencia con respecto al virus, sino que también proporcionen un ambiente seguro y acogedor para todos. a las personas vivir y buscar tratamiento sin temor a la estigmatización o la criminalización.
