El reconocimiento de los derechos de la población LGBT por parte del Estado brasileño ha sido, desde el principio, un proceso tortuoso, no lineal, directamente vinculado a las movilizaciones del movimiento social y resultado de innumerables variables coyunturales.
En el ámbito del poder judicial, poco a poco fuimos avanzando hasta alcanzar grandes logros. La decisión del STF de mayo de 2011 que reconoce las uniones estables entre personas del mismo sexo es el principal hito. El poder legislativo siempre ha sido un problema. El Congreso Nacional no evoluciona y no aprueba ninguna ley pro-LGBT, a pesar de numerosos intentos y debates.
En el ejecutivo hubo avances. Principalmente en el gobierno federal, entre 2004 y 2010: plan Brasil Sin Homofobia, conferencias, políticas, decretos, coordinación y consejo LGBT. Algunos gobiernos estatales siguieron este ejemplo e innovaron, implementando acciones para combatir la homofobia.
Resulta que este incipiente proceso ha perdido impulso. Y, después de las elecciones de 2010 (cuando el fundamentalismo cristiano ganó un nuevo nivel de influencia), la agenda LGBT fue cada vez más ignorada.
El veto de Dilma al programa Escuela sin Homofobia –que fue acompañado por la ya histórica declaración de que su gobierno "no haría publicidad de la orientación sexual"- inaugura una nueva etapa.
Desde entonces, hemos vivido un verdadero "apagón" LGBT en las políticas públicas del gobierno federal. La II Conferencia quedó muy desacreditada. Al primer semestre de 2012 no hay acciones ni políticas en implementación. Parálisis, inercia.
La Secretaría de Derechos Humanos intenta hacer su parte, impulsando el Dial 100, elaborando informes, redactando el II Plan LGBT. Pero, sin un apoyo efectivo del Palacio do Planalto, acaba cometiendo errores en el intento de responder al movimiento social. El error más evidente fue el hecho vacío de crear "comités" contra la homofobia (que sería una iniciativa de la sociedad civil). Al fin y al cabo lo que queremos es política pública en todo el país, con consejos, planes y coordinación.
El hecho es que, a pesar de las señales entre bastidores hechas en mayo de este año, Dilma no saluda al movimiento LGBT, no aborda públicamente el tema de la homofobia y no se compromete con el lanzamiento del II Plan, que debería ser institucionalizado a través de decreto presidencial –además de contar con recursos presupuestarios para su ejecución.
Y si el gobierno federal congeló la agenda LGBT, ¿qué podemos esperar de los gobiernos estatales y municipales? Lo poco que había de política eficaz está desapareciendo. Con muy pocas excepciones, como en Río de Janeiro, los estados y municipios ignoran solemnemente la cuestión de la lucha contra la homofobia.
En otras palabras: además de congelar la agenda LGBT en el gobierno federal, el discurso conservador del presidente contribuyó a la devaluación de este tema en todo Brasil – lo que es aún más grave en un contexto de ascenso del fundamentalismo religioso.
¿Habrá un II Plan Nacional de Lucha contra la Homofobia y Promoción de los Derechos LGBT? ¿Implementará el gobierno federal políticas para promover la ciudadanía LGBT? ¿Superarán los gobiernos estatales y municipales esta inercia?
¿Abordará la presidenta Dilma el tema de la homofobia en público y anunciará su compromiso con la promoción de la igualdad?
¿Qué hará el movimiento social ante este escenario adverso?
Julian Rodrigues, es miembro del Consejo Nacional LGBT (en representación de ABGLT), activista de la Alianza Paulista LGBT y del grupo CORSA-SP. Caricatura de Jarbas.
