El alcalde Thiago Flores y siete concejales de Ariquemes, Rondônia, fueron denunciados por el Ministerio Público Federal (MPF) y Estatal (MP/RO) por incitación a la homofobia. El motivo de la acusación fue la retirada de libros de texto proporcionados por el Ministerio de Educación (MEC), acto leído por las entidades como una forma de censura a la familia y la diversidad de género. Según el MP, los imputados cometieron improbidad administrativa, acto de censura ilegal y alentaron la homofobia, violando los principios constitucionales de construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, sin prejuicios ni discriminaciones. En enero de este año, el nuevo alcalde de Ariquemes recibió un pedido parlamentario para recoger los libros. Para el Ministerio Público, siete concejales utilizaron argumentos falsos para evitar el uso de material didáctico en las aulas, lo que fue rápidamente aceptado por el alcalde, como una forma de promocionarse ante la sociedad, teniendo en cuenta el momento político que tiende al conservadurismo, a través de de una encuesta en Internet. Según el Ministerio Público, la encuesta “se convirtió en un debate superficial, agresivo, discriminatorio e insultante contra la comunidad LGBTT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transgénero) estimulado por los propios poderes públicos”. Con los resultados de la encuesta, el alcalde dispuso la recolección de los libros. El Ministerio Público analizó los libros y encontró que “en ningún momento los libros presentan material sesgado o incitante sobre la sexualidad precoz, la homosexualidad o incluso el apoyo a la homosexualidad, sólo presentan la diversidad familiar, demostrando las diferentes formas de constitución de las familias y resaltando sus importancia para la formación de las personas”. Todos serán juzgados y podrán ser condenados a las penas de la Ley de Improbidad Administrativa, que incluye la pérdida del cargo. También se les podrá condenar al pago de una indemnización por el daño moral sufrido por el Municipio de Ariquemes, la Unión y la propia sociedad. El monto mínimo solicitado de indemnización es de R$ 2 millones por causar daño a estudiantes y a la comunidad LGBTT. Los autores de la acción son los fiscales Joice Gushy Mota Azevedo y Priscila Matzenbacher Tibes y los fiscales Reginaldo Trindade y Raphael Bevilaqua. La consulta procesal ante el Tribunal Federal se puede realizar llamando al 1513-61.2017.4.01.4100. Con información de Inforondônia
