El Consejo Federal de Psicología (CFP) decidió este viernes (31) mantener la pena de "censura pública" contra Rozângela Justino, aplicada por el Consejo Regional de Psicología de Río de Janeiro en 2007. La psicóloga fue denunciada por movimientos que defienden la sexualidad. libertad, por ofrecer tratamientos curativos a homosexuales en su oficina de Río.
El proceso llegó al Consejo Federal por iniciativa de la propia psicóloga, quien, al no aceptar la decisión del Consejo Regional, decidió interponer un recurso de apelación en un intento de anular el proceso. El presidente de la CFP, doctor Humberto Verona, explicó que los consejeros siguieron el entendimiento del organismo en Río de Janeiro. En casos de pacientes que tienen problemas con la orientación sexual, el profesional debe trabajar con terapias de aceptación y superación del sufrimiento. "Escucharemos a la persona, la ayudaremos a afrontar su sufrimiento, pero nunca le prometeremos ni le guiaremos para que revierta su orientación sexual", afirmó.
Respecto al contenido de la decisión, considerada indulgente por algunos, justificó que la iniciativa del recurso vino de la parte demandada y en este caso quedaban pocas alternativas para el Consejo. "Cuando es el profesional el que recurre, este Tribunal no puede aumentar la pena sino suavizar lo que no fue aceptado por el Consejo o mantener la decisión del organismo autonómico", ha explicado. Si el recurso hubiera sido interpuesto por otro protagonista -en este caso los querellantes- se podrían haber utilizado otros mecanismos en la decisión para reducir o intensificar la pena.
Verona respondió a uno de los argumentos de Rozângela Justino en el que afirmó que brindaba atención basada en el manual CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) regido por la Organización Mundial de la Salud, donde hay artículos que hacen referencia a trastornos psicológicos y de conducta asociados al desarrollo sexual. orientación y su orientación, que merecían un tratamiento específico. Contrarrestó esto con otro artículo de la propia CIE-10 que afirma que "la orientación sexual en sí misma no debe verse como un trastorno".
Rozângela salió del juicio consternada y trató de evitar a la prensa. Disfrazada con una peluca y gafas de sol, también llevaba una máscara en referencia a la mordaza que dijo haber recibido del Consejo Federal de Psicología. "El Consejo me amordazó y me impidió ayudar a personas con problemas psicológicos debido a su orientación", afirmó. También dijo que se coartó su derecho a la libertad profesional, científica y de expresión.
También cuestionó la constitucionalidad de la resolución N° 01/99 del Consejo Federal de Psicología utilizada para orientar el ejercicio de la profesión y utilizada como argumento para su condena. La resolución asume que "la homosexualidad no constituye una enfermedad, trastorno o perversión". El único párrafo de la resolución destaca que "los psicólogos no colaborarán con eventos y servicios que propongan tratamiento y cura para la homosexualidad".
Rozângela también aprovechó para hacer una recomendación a los pacientes. "Puedes buscar otros profesionales en tu ciudad para obtener el apoyo que necesitas". Al final afirmó que seguirá con su actividad profesional con normalidad y que sólo quiere ser una persona normal y corriente. Y respecto al disfraz, dijo que temía cierta violencia por parte de activistas homosexuales que, según la psicóloga, estaban "muy enojados y disgustados con su trabajo".
Apelación ante el Tribunal Federal
Rozângela acudió al Tribunal Regional Federal de la 1ª Región con un auto de mandamus solicitando una medida cautelar que solicita la suspensión de su procedimiento administrativo ante la CFP y, en consecuencia, la anulación del proceso. Para ella, los motivos del proceso no eran razonables y nunca quiso promover una cura para la homosexualidad, sino ayudar a los pacientes a afrontar los trastornos derivados de la orientación sexual. La jueza federal suplente del Juzgado 15/DF, Emília Maria Velano, negó la solicitud, argumentando que el Poder Judicial sólo podría interferir si hubiera algún tipo de afrenta a los principios constitucionales.
Censura pública
La pena de censura pública consiste en la publicación del hecho en la prensa, especialmente en el periódico del Consejo Federal de Psicología, además de la publicación en el Diario Oficial y otros medios de comunicación de Río de Janeiro. Trabajo que será realizado por el Consejo Regional de Psicología de Río.
El Consejo Regional de Psicología seguirá orientando y supervisando a Rozângela y a otros profesionales del sector que ofrecen este tipo de "cura" o defienden públicamente tratamientos que cambian la orientación sexual de las personas. Si la psicóloga es reincidente será procesada nuevamente y por ello se le aumentará la pena.
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