Han pasado más de 30 días desde que el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió, por tiempo indefinido, la sentencia sobre criminalización de la LGBTfobia y la transfobia. El ministro Dias Toffoli cerró la última sesión el 21 de febrero y no anunció cuándo el tema volvería al orden del día.
Anderson Pirota, director del Sindicato de Trabajadores Bancarios de São Paulo y coordinador del colectivo LGBT, criticó al Congreso Nacional por no prestar la debida atención al asunto y también al STF, por haber llamado a la responsabilidad, pero no cumplió y no dio la respuesta que la sociedad espera.
“Falta muy poco para que la discriminación por orientación sexual o identidad de género sea un delito, y, por ello, hacemos un llamado a la comunidad LGBT a seguir movilizándose y presionando para que los casos de odio sean tipificados bajo la ley 7.716 como un delito de racismo”, declaró Anderson.
Muchas entidades están a favor del tema, pero la bancada evangélica está en contra, alegando que la criminalización atenta contra la libertad religiosa.
