En Uganda, el Tribunal Constitucional confirmó un fallo contra el registro de un grupo de defensa de los derechos LGBT+ conocido como Minorías Sexuales Uganda (SMUG). El grupo, que lucha por la aceptación y el respeto de los derechos de las comunidades LGBT+ en la región, solicitó formalmente reconocimiento legal, lo que fue negado por las autoridades en 2016.
Posteriormente, SMUG llevó el caso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la negativa de las autoridades a registrar la organización. Según los abogados del grupo, se alega que esta negativa constituye una violación de los derechos constitucionales de libre asociación y reunión, previstos en la Constitución del país.
Después de una larga batalla en el poder judicial, el Tribunal Constitucional decidió, en 2024, mantener la denegación del registro oficial de SMUG. La Corte argumentó que la homosexualidad es vista como un acto criminal según la legislación vigente del país, por lo que no podría autorizar el registro de una organización que defienda los derechos de las personas LGBT+.
